El absurdo argentino: tirar comida sale más barato que donarla

Argentina, una tierra bendecida por la abundancia y la capacidad de producción de alimentos, se enfrenta a una de esas paradojas que huelen a sinsentido. Mientras una parte importante de la población lucha por asegurar su plato diario, una oscura realidad se consolida en el otro extremo de la cadena: para las empresas, a menudo, resulta más conveniente descartar toneladas de alimentos aptos para el consumo que donarlos.

El dato es un baldazo de agua fría: durante el año 2025, se estima que unos 73 millones de kilos de víveres quedaron fuera del circuito de consumo. La cifra no solo representa una vergüenza social, sino también una colosal pérdida económica, calculada en valores de mercado en algo más de 370.000 millones de pesos. Este despilfarro, que bien podría alimentar a miles de familias, pone en evidencia las grietas profundas de un sistema que, lejos de incentivar la solidaridad y la eficiencia, parece castigarlas.

Un nudo Gordiano de costos y regulaciones

¿Cómo es posible que en un país con necesidades tan palpables se llegue a este extremo? La respuesta es compleja y se anida en una combinación de factores fiscales, logísticos y burocráticos. La intuición diría que donar es un acto noble y, por ende, debería ser facilitado. Sin embargo, la realidad económica dista mucho de esa lógica.

Por un lado, el tratamiento impositivo actual en Argentina juega un rol fundamental en esta distorsión. Las donaciones de alimentos, lejos de ser vistas como un alivio fiscal o un gesto de responsabilidad social, pueden generar cargas adicionales para las empresas. Hay impuestos cuya aplicación no siempre distingue claramente entre una venta y una donación, o que exigen la emisión de facturas o documentos que encarecen el proceso. Para una compañía, esto puede significar que, aunque el alimento ya esté producido, la acción de donarlo implique un costo operativo y fiscal que supere el valor de descarte o, peor aún, que lo penalice financieramente.

Por otro lado, los costos logísticos en Argentina son un verdadero dolor de cabeza. Mover mercadería, almacenarla y distribuirla ya es de por sí una empresa costosa, marcada por la infraestructura deficiente, los altos precios del combustible y la intrincada red de distribución. Cuando hablamos de alimentos, muchos de los cuales requieren cadena de frío o un manejo especial por su fecha de vencimiento, estos costos se disparan. Para una empresa, organizar una donación implica no solo el transporte desde sus depósitos hasta un banco de alimentos o una organización social, sino también la gestión de la documentación necesaria, la segregación de productos y la asunción de posibles responsabilidades si algo falla en el proceso. Todo esto suma y, al final del día, la balanza se inclina hacia la opción menos engorrosa y, paradójicamente, más costosa para la sociedad: la basura.

Las consecuencias de una ineficiencia silenciosa

Las ramificaciones de este problema son múltiples y se sienten en distintos niveles. Para el consumidor promedio, si bien no hay una conexión directa inmediata, el despilfarro de alimentos se traduce en una pérdida de eficiencia en la cadena de valor. Cuando se desperdicia producto, los costos de producción y distribución de lo que sí llega a góndola se prorratean en menos unidades, lo que, en última instancia, puede impactar en los precios al público. En un contexto inflacionario persistente, donde cada peso cuenta y el poder adquisitivo se erosiona día a día, esta ineficiencia se vuelve un lujo que el país no puede permitirse.

Para el sector empresarial, más allá de la pérdida directa de valor del producto descartado, existe un daño a la reputación y una oportunidad perdida para fortalecer su vínculo con la comunidad. En un mundo donde la responsabilidad social corporativa es cada vez más valorada, ser percibido como una empresa que descarta alimentos en vez de ayudar, puede tener consecuencias negativas.

Pero las víctimas más directas de este sinsentido son, sin dudas, aquellos que padecen la inseguridad alimentaria. En un país donde se estima que la pobreza podría rozar el 45% si se actualizan las canastas de consumo y se consideran los cambios en la captación de ingresos, la disponibilidad de alimentos para los bancos de alimentos y comedores comunitarios es vital. Cada kilo de comida descartada es una oportunidad perdida para aliviar el hambre y la malnutrición. Es una muestra flagrante de cómo las fallas sistémicas pueden profundizar las desigualdades sociales.

Un llamado a la acción y la racionalidad

La situación actual exige una revisión profunda y urgente de las políticas públicas y las prácticas empresariales. No se trata solo de un tema moral, sino de una cuestión de eficiencia económica y justicia social. Es imperativo simplificar los marcos regulatorios y fiscales para las donaciones, creando incentivos reales en lugar de barreras. Esto podría incluir exenciones impositivas claras, procesos administrativos ágiles y apoyo logístico para aquellas empresas dispuestas a extender la vida útil de sus excedentes.

También es fundamental fomentar una mayor articulación entre el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y el Estado. La tecnología podría jugar un rol clave, facilitando plataformas que conecten a los donantes con los receptores de manera eficiente y transparente, reduciendo los tiempos y los costos asociados a la logística.

En dot.com.ar, creemos que es momento de dejar de lado los parches y abordar este problema con la seriedad que merece. Argentina tiene la capacidad de producir para su gente y para el mundo. Es un contrasentido y un acto de irresponsabilidad colectiva permitir que millones de kilos de alimentos se conviertan en basura, mientras hay compatriotas que se acuestan con hambre. La racionalidad debe imponerse sobre la inercia, y la solidaridad, sobre la frialdad de los números que nos llevan a semejantes absurdos.