La tijera estatal amenaza el poder de compra de las familias argentinas

El fantasma de la incertidumbre se posa sobre la mesa familiar

La economía argentina, ese campo minado donde la estabilidad es un espejismo, vuelve a poner a prueba la resiliencia de sus ciudadanos. Si bien la obsesión por la inflación parece haber cedido, por lo menos en la superficie mediática, un nuevo conjunto de preocupaciones se instaló en el centro de la escena: la incertidumbre, el desempleo y la fragilidad del poder adquisitivo. Se dice en la calle que el bolsillo no da más, y los datos lo confirman: una porción significativa de la población evalúa negativamente la situación actual, reflejando un miedo latente al futuro.

En este delicado escenario, una de las noticias que más ruido está haciendo en los pasillos del Congreso, y que debería resonar con fuerza en cada hogar, es la renovada intención del Ejecutivo de revisar el mecanismo de actualización de la Asignación Universal por Hijo (AUH). No es la primera vez que esta propuesta ve la luz, pero su reaparición, en el marco del proyecto de Presupuesto 2027, genera particular inquietud. Lo que está en juego no es un simple ajuste contable; es la capacidad de millones de familias para llegar a fin de mes y, literalmente, poner un plato de comida en la mesa.

AUH: El salvavidas de la canasta básica alimentaria

Para entender la magnitud de la discusión, es fundamental recordar el rol central que la AUH, complementada con la Tarjeta Alimentar, juega en la economía doméstica de los sectores más vulnerables. No se trata de una ayuda marginal. Estos programas, según los cálculos más recientes, cubren aproximadamente el 95% del valor de la Canasta Básica Alimentaria. Esto significa, sin eufemismos, que son el sustento que impide a un vasto sector de la población caer en la indigencia más absoluta.

La movilidad actual de la AUH, atada a una fórmula que considera distintos indicadores (salarios, recaudación, inflación), busca proteger el valor real de la asistencia frente a los vaivenes económicos. Eliminar estos aumentos automáticos, tal como propone el Gobierno por tercera vez, no es una medida menor. Implica un cambio de paradigma en la política social, desplazando la protección del poder adquisitivo por lo que se presenta como una "racionalización" del gasto público. Pero la realidad es que, para los hogares beneficiarios, esta racionalización se traduce directamente en menos pesos para comprar alimentos, productos de higiene y bienes de consumo masivo esenciales.

¿Austeridad fiscal o desprotección social?

La justificación oficial para esta insistencia en modificar la AUH probablemente gire en torno a la necesidad de ajustar las cuentas públicas y garantizar la sostenibilidad fiscal. En un país con déficits crónicos, la búsqueda de eficiencia en el gasto es una consigna recurrente. Sin embargo, la pregunta inevitable es: ¿a qué costo social? Y, más aún, ¿quiénes deben soportar el peso de este ajuste?

Si bien es cierto que la administración de los recursos del Estado es un desafío constante, recortar o desindexar programas que tienen un impacto tan directo en la alimentación y subsistencia de niños y adolescentes, genera un profundo debate ético y político. No se trata de un gasto superfluo, sino de una inversión en capital humano y, en última instancia, en la estabilidad social. La eliminación de los aumentos automáticos, que han sido un pilar para la manutención del poder de compra en un contexto inflacionario, pone en jaque la posibilidad de que estas familias puedan planificar mínimamente sus gastos y garantizar lo más básico.

El impacto dominó en el consumo masivo

Las consecuencias de una AUH desactualizada o con aumentos discrecionales no se limitan solo a la esfera individual de cada familia. Tienen un efecto dominó innegable sobre todo el entramado de la economía de consumo masivo. Los minoristas, los distribuidores y los productores de alimentos y bienes esenciales verían mermada una porción significativa de la demanda. Si millones de hogares tienen menos dinero para gastar en la góndola, el comercio minorista, ya de por sí golpeado por la contracción del consumo, sufrirá un impacto adicional.

Esta situación refuerza un ciclo perverso: menor poder adquisitivo lleva a menor consumo, lo que a su vez afecta la producción y el empleo, retroalimentando la incertidumbre económica. Además, esta medida podría exacerbar las desigualdades existentes y empujar a más personas bajo la línea de pobreza, complicando aún más la ya frágil cohesión social.

Un llamado a la reflexión profunda

La propuesta de modificar la movilidad de la AUH no es un tema que pueda abordarse con ligereza. Requiere una reflexión profunda sobre las prioridades de un país que se debate entre la necesidad de sanear sus finanzas y la obligación de proteger a sus ciudadanos más vulnerables. La discusión en el Congreso y en la opinión pública no debería centrarse solo en los números fríos del presupuesto, sino en las caras y las historias detrás de esos números.

El miedo al futuro que hoy desvela a tantos argentinos tiene raíces concretas: salarios que no alcanzan, desempleo y, ahora, la posibilidad de que un programa social vital vea reducido su alcance real. Como editores independientes, nuestra tarea es poner estas discusiones en el centro del debate, para que se entienda cabalmente que, a veces, un ajuste en una ley puede significar el hambre en la mesa de un niño. Es hora de preguntar si el camino de la austeridad debe pavimentarse con el sacrificio de los que menos tienen. El país necesita un equilibrio, no un desbalance que profundice las heridas sociales.